Abogado del Alcalde de Riohacha dice que el firmó los pagos porque documentos estaban en regla

Procuraduría pidió encarcelar al burgomaestre y a su secretaria de Educación “porque vulneraron el interés prevalente de los niños”.

Los abogados defensores del alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez y de su secretaria de Educación, Dilcey Acosta, pidieron este miércoles no avalar la solicitud de medida de aseguramiento en su contra ya que “el contratista Asocar sí era idóneo para el contrato del PAE” y porque el burgomaestre “firmó los pagos debido a que los documentos estaban en regla”.

En la reanudación de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los funcionarios guajiros por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público, se sabrá si Velásquez y Acosta son enviados o no a la cárcel por las presuntas irregularidades cometidas en la ejecución del Convenio 002 de 2016, en el marco del Programa de Alimentación Escolar, PAE.

En su intervención, Rafael Suárez, defensor de la secretaria, advirtió que “la propia fiscal reconoce que Asocar sí había celebrado contratos incluso con el ICBF y además acreditó su idoneidad debidamente, y eso contradice lo expuesto por la Fiscalía”.

Agregó que “la Fiscalía ha querido además satanizar los modificatorios, y esos modificatorios fueron avalados por el Ministerio de Educación, y es que el aumento planteado en el contrato fue para mejorar el componente alimenticio y ampliar la cobertura”.

Luego alegó María Velandia, abogada del alcalde, quien aseguró que “las preguntas de los investigadores al personal de las escuelas de Riohacha fueron direccionadas, y las respuestas de las manipuladoras de alimentos tienen similitudes evidentes”.

Añadió que su defendido no tiene antecedentes penales de ningún tipo y criticó al ente de control penal porque “totalizó erróneamente el peculado en más de $1.000 millones, y la administración lo que hizo fue cancelar solo lo que se había cumplido, porque se hicieron descuentos por raciones no entregadas y por manipuladoras que no llegaron, entre otros temas, y la Fiscalía no los tuvo en cuenta”.

También argumentó que “el número de alumnos aumentó de febrero a marzo y eso hizo que aumentaran el número de raciones”, frente a las inconsistencias en este sentido puestas de presente por el organismo acusador.

Mi defendido no es un peligro para la sociedad, porque él mismo se puso a disposición de las autoridades. Y se le violó el derecho defensa por cuanto la Fiscalía no lo escuchó en etapas previas del proceso”.

Finalmente, aseveró: “a mi apadrinado le era imperativo suscribir los pagos porque los documentos estaban en regla. Allí no hay peculado”.

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