En un nuevo vuelco en el permanente laberinto político peruano, el Congreso aprobó la segunda moción de vacancia presentada contra el Presidente Martín Vizcarra. Después de un debate que se extendió por horas, los legisladores necesitaban solo 87 votos a favor -de un total de 130- para concretar la destitución por “incapacidad moral permanente” y los superaron, con 105 a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. La arremetida desde el Poder Legislativo fue impulsada después que la prensa local hizo eco de un caso en el que se acusa al mandatario de recibir US$ 630 mil en sobornos cuando era gobernador en Moquegua (2011-2014). Así, Perú ha quedado nuevamente inmerso en una nueva crisis política, esta vez sin gobierno.
El pasado 20 de septiembre, Vizcarra salió ileso de la primera moción de vacancia en su contra, que fue refutada tras alcanzar 32 votos a favor, 78 en contra y 15 abstenciones. Sin embargo, en esta ocasión la bancada de Unión por Perú (UPP), que presentó el último recurso, aseguró que es “más sólida” que la anterior.
La causal de vacancia de Vizcarra es la misma que utilizó el Congreso en 2000 para remover a Alberto Fujimori después de su caótica salida del país tras acusaciones por corrupción y la misma que inició el proceso en 2018 contra Pedro Pablo Kuczynski, que finalmente renunció -tras 20 meses de gobierno tras ser acorralado por vínculos con Odebrecht- en días previos a la votación dejando a su vicepresidente, Martín Vizcarra al poder.
Durante la jornada, el mandatario peruano llegó al Pleno para ejercer su derecho de defensa acompañado de su abogado, Fernando Ugaz Zegarra. Vizcarra negó todas las acusaciones. “Hemos dado sustentos de fondo y forma y la justificación de que a nuestro juicio no corresponde de ninguna manera la vacancia”, señaló.
A diferencia del terremoto político de septiembre, cuando se filtraron una serie de audios en los que el mandatario le pidió “mentir” a dos asesoras sobre los vínculos que mantuvo con el cantante Richard “Swing” Cisneros, investigado por contratos irregulares con el Estado, y la postura del Presidente de confrontar al Congreso acusando un “complot contra la democracia” impulsado por “fuerzas oscuras” y rechazar una posible renuncia al cargo, ahora Vizcarra enfrentó acusaciones de al menos cuatro testigos que querían colaborar con la justicia.
En esta oportunidad y con un discurso incendiario, Vizcarra -que lideró una lucha contra la corrupción que le permitió gozar de una alta popularidad (57% según Ipsos)-, defendió que los testimonios en su contra, que lo acusan de recibir más de US$ 630 mil por las licitaciones de un proyecto de irrigación y de un hospital durante su mandato moqueguano, no estaban corroboradas ni comprobadas y apuntó a los 68 congresistas que tienen acusaciones vigentes por diversos delitos ante la Fiscalía. “¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello? ¿Sin que la investigación fiscal haya sido concluida?”, criticó el mandatario.
De esta manera, es con una investigación judicial inconclusa -debido a que cuenta con inmunidad y las pericias se realizan cuando el acusado salga del poder-, los legisladores buscaron precipitar la salida del gobierno al que consideraron “una piedra en el zapato”, ya que impulsó una serie de reformas anticorrupción que entre otros, reglamentó el financiamiento de partidos y anuló la reelección. Esto llevó a que en al menos dos oportunidades Vizcarra amenazara con disolver el Parlamento de mayoría opositora.
