Fiscalía allanó residencias y oficinas de implicados en malos manejos de recursos del posconflicto

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Se trata de una red de intermediarios interesados en quedarse con millonarios contratos de proyectos productivos.

Agentes de policía judicial adelantaron una serie de allanamientos e inspecciones judiciales a diferentes inmuebles de los presuntos integrantes de una red de intermediarios que pretendía acceder a la adjudicación de millonarios contratos relacionados con proyectos productivos para reinsertados durante el posconflicto.

LA FM conoció que por orden de la Fiscalía a cargo del caso fueron practicadas en una primera fase cuatro diligencias de allanamiento en Bogotá a las residencias y oficinas donde laboran varios de los presuntos miembros de la red de intermediarios, que buscaba porcentajes sobre el valor mismo de los millonarios contratos.

De acuerdo con los investigadores, alrededor de 160 alcaldes y algunos gobernadores estarían presuntamente relacionados con las irregularidades detectadas en los millonarios contratos.

Los investigadores del caso indicaron que las evidencias demostrarían que Marlón Marín, sobrino del exlíder de las Farc Iván Márquez -capturado en el mismo proceso por narcotráfico contra Jesús Santrich- también estaría involucrado con estos graves hechos de corrupción en contratos.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, advirtió en su momento que los investigadores recolectaron toda una serie de pruebas que evidencian graves irregularidades, las cuales fueron puestas en conocimiento del presidente de la República, Juan Manuel Santos.

“La sociedad colombiana con razón está preocupada por el manejo de los recursos para el posconflicto y en particular para unos recursos que tienen que ser sagradosque son justamente los que se han venido apropiando del presupuesto nacional por virtud de la cooperación internacional para desarrollar proyectos productivos en beneficio de un grupo de reinsertados, a quienes la sociedad les tiene que ofrecer alternativas de economía lícita”, dijo el fiscal Martínez.

“Pero si los recursos para desarrollar estos proyectos productivos se desvían, no solamente vamos a cometer una felonía – desde el punto de vista de la moralidad pública – sino que le haremos un grave daño e irreparable al proceso de reconciliación de los colombianos”, agregó. 

De igual forma precisó que las indagaciones en torno a este escándalo se vienen adelantando desde el año pasado con la práctica de pruebas de controles técnicos y seguimientos legales.

Según el fiscal, los intermediarios implicados en este caso incluso habrían tenido acceso a información privilegiada sobre los proyectos en trámite de adjudicación.

Asimismo trascendió que una de las mujeres que tendría presuntamente relación con esta red de intermediarios adelanta contactos con la Fiscalía General para ser escuchada en interrogatorio, con el fin de dar las explicaciones frente a este proceso.

No obstante, ante la contundencia de las pruebas, no se descarta que la Fiscalía General decida próximamente solicitar audiencia para imputación de cargos contra varios de los supuestos involucrados con estos hechos de corrupción con los dineros del posconflicto.