Listo decreto que prohíbe el uso de armas traumáticas

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Es inminente el decreto que restringirá el uso de armas traumáticas en el país. Se espera, incluso, que estas tengan la misma regulación de las armas de fuego. Es más, los permisos para su porte solo se expedirán de manera excepcional.

Según el decreto que prepara el Ministerio de Defensa, los argumentos para regular el uso de estas armas se fundamentan en el análisis de los registros estadísticos con que cuenta la Policía Nacional, los cuales evidencian una afectación importante a la convivencia y seguridad ciudadana por estas.

En el año 2019 se incautaron 3.804 armas traumáticas, en el 2020 se subió a 5.478 y en lo corrido de 2021 se han decomisado 6.569, lo que representa un incremento del 105% en comparación con el 2018, cuando se habían incautado 3.201 de estas.

Solo en Bogotá, 85 armas de fuego y 190 armas de fogueo han sido incautadas durante las últimas tres semanas, desde que inició el plan de intervención de seguridad para frenar el pico de inseguridad.

De esta manera el decreto indicará que portar armas traumáticas y de fogueo sin el correspondiente permiso implicaría que se incluirían estas armas en el artículo 365 del Código Penal, que indica que “el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de nueve a 12 años”.

El decreto advierte que las personas naturales o jurídicas que tengan armas traumáticas deberán realizar el marcaje de estas ante la autoridad competente en un plazo de ocho meses contados a partir de que entre en funcionamiento y operación el procedimiento que para ello establezca Indumil.

La semana pasada, desde el gremio de las Empresas Colombianas de Seguridad, solicitaron al Ministerio de Defensa y a su Departamento de Control y Comercio de Armas tener en cuenta las recomendaciones que se habían elevado por estas empresas del sector en cuanto a la necesidad de prohibir el uso y venta de las armas de baja letalidad o fogueo a la ciudadanía en general.